En el marco de las investigaciones por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Salta, un menor imputado por intimidación pública fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba, medida dispuesta por la Justicia Penal Juvenil.
La resolución fue adoptada por el juez Hugo Alejandro Fernández Esteban durante una audiencia flexible y multipropósito, a partir del pedido realizado por la fiscal Penal Juvenil 2, Carolina Hernández.
Del procedimiento también participaron el defensor oficial Adolfo Sánchez Alegre, la asesora de Incapaces María Gabriela Cardón y la madre del adolescente.
Medidas impuestas
Como parte de las condiciones de la probation, el joven deberá cumplir una serie de medidas de carácter educativo y reparatorio:
- Realizar disculpas públicas ante las autoridades del establecimiento educativo en sus distintos turnos
- Exponer ante sus compañeros la experiencia vivida y las consecuencias de su detención, en una actividad organizada por la institución
- Cumplir con una reparación económica mediante una donación mensual destinada al Instituto Especializado de Alojamiento 1
Además, el magistrado ordenó que el menor inicie un tratamiento psicológico durante un año, período en el cual deberá mantener buena conducta y abstenerse del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Seguimiento judicial
Tras la audiencia, el juez dispuso la inmediata libertad del adolescente, quien quedó bajo la responsabilidad de su madre. El cumplimiento de las medidas será supervisado por las autoridades judiciales, en el marco de una estrategia orientada a la reeducación y reinserción social.