Condenaron a seis años de prisión a un interno por vender drogas dentro de una cárcel de Güemes
Un hombre que se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización dentro del establecimiento carcelario.
El condenado, David Gabriel Moreno, recibió una pena de seis años de prisión por el nuevo delito, agravado por haber sido cometido en un lugar de encierro. Al existir una condena anterior, ambas penas fueron unificadas y la sanción total quedó establecida en 8 años y 6 meses de prisión. Además, fue declarado reincidente por segunda vez.
La investigación se originó a partir de dos procedimientos realizados dentro del penal.
El primero ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando personal penitenciario detectó que Moreno regresaba del sector de visitas con un bulto oculto a la altura de la cintura. Durante la requisa se secuestraron aproximadamente 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína.
Meses después, el 18 de febrero de 2025, un control mediante escáner corporal permitió detectar otro envoltorio que llevaba consigo. En su interior había alrededor de 82 gramos de marihuana.
Los análisis realizados sobre las sustancias secuestradas determinaron que el total incautado en ambos procedimientos equivalía a más de 2.700 dosis.
Una investigación vinculada a una red interna
El caso quedó relacionado además con una investigación sobre una estructura dedicada al ingreso y comercialización de estupefacientes dentro del complejo penitenciario, organización que había sido desarticulada durante 2025.
Durante el proceso judicial se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos testimonios y datos obtenidos de un teléfono celular, que fueron considerados para acreditar la responsabilidad del acusado y sus vínculos con la actividad de venta de drogas dentro de la unidad.
La condena fue definida mediante un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa oficial. Inicialmente existió una controversia respecto de la forma en que debía unificarse la nueva pena con una condena anterior.
Finalmente, el Tribunal de Revisión homologó el acuerdo y estableció una pena única de 8 años y 6 meses de prisión, teniendo en cuenta también una condena previa por transporte de estupefacientes agravado.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el ingreso y la comercialización de drogas dentro de establecimientos penitenciarios y las investigaciones destinadas a desarticular estas estructuras.