imputaron a 15 personas por una presunta red de pensiones por discapacidad en anta
La investigación federal apunta a una organización que habría utilizado certificados médicos y documentación presuntamente falsificada para gestionar pensiones no contributivas. Entre los imputados se encuentra el diputado provincial por Anta, Francisco Gerardo Orellana, además de médicos, exautoridades hospitalarias, un exjefe de ANSES y empleados municipales.
La Justicia Federal avanzó con una investigación por una presunta maniobra destinada a obtener pensiones no contributivas por discapacidad mediante documentación apócrifa en localidades del departamento Anta.
El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó a 15 personas, diez de ellas vinculadas a la administración pública. La acusación fue formalizada ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, luego de una audiencia que se extendió durante aproximadamente siete horas.
El juez autorizó un plazo de un año para continuar con la investigación y dispuso además la anotación de litis sobre los bienes de los acusados por el mismo período.
una investigación iniciada en 2024
Según la Fiscalía, las actuaciones comenzaron en julio de 2024, a partir de la detección de presuntas irregularidades en la tramitación de pensiones por discapacidad.
La investigación se concentró especialmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde se realizaron un total de 26 allanamientos en domicilios particulares, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación. Parte de los dispositivos ya fue peritada y, de acuerdo con la Fiscalía, los mensajes encontrados permitirían reconstruir los roles que habría tenido cada uno de los investigados.
cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización habría captado personas interesadas en obtener pensiones por discapacidad y luego habría gestionado los trámites utilizando certificados médicos falsos, estudios adulterados y documentación irregular.
La acusación sostiene que algunos aspirantes eran derivados desde hospitales públicos hacia consultorios y clínicas privadas vinculadas con personas investigadas.
En esos establecimientos, según la Fiscalía, se habrían confeccionado certificados con diagnósticos y porcentajes de incapacidad que no se correspondían con el estado de salud real de los solicitantes.
También se investiga el cobro de dinero por trámites que, por tratarse de una gestión de un beneficio estatal, debían ser gratuitos.
Según la acusación, los montos cobrados habrían superado en algunos casos los 300 mil pesos, mientras que determinadas gestiones podían alcanzar hasta un millón de pesos.
los roles que investiga la justicia
Entre los imputados se encuentra Francisco Gerardo Orellana, médico y actual diputado provincial por el departamento de Anta.
También fueron imputados médicos, exgerentes de hospitales, un exjefe de ANSES, un bioquímico, empleados municipales y un comerciante de El Quebrachal.
La Fiscalía atribuye a los acusados distintos niveles de participación en una presunta estructura que habría incluido la captación de beneficiarios, elaboración de documentación, realización de estudios, carga de trámites y utilización de accesos al sistema de ANSES.
En el caso del comerciante investigado, la Fiscalía sostiene que habría utilizado una fotocopiadora de su local para adulterar documentación y que también habría cargado trámites a través de Internet.
Por otra parte, se investiga la participación de un exjefe de ANSES de El Quebrachal, quien habría facilitado mecanismos de acceso al sistema para personas ajenas al organismo.
el impacto económico bajo investigación
La Fiscalía también incorporó un informe elaborado por Gendarmería Nacional sobre las pensiones no contributivas por discapacidad.
Según los datos expuestos durante la audiencia, en la ciudad de Salta existirían alrededor de 9.000 beneficios que no cumplirían con los requisitos, sobre un universo de 39.715 pensiones vigentes.
El fiscal estimó que, de confirmarse esas irregularidades, el impacto económico alcanzaría aproximadamente 3.240 millones de pesos mensuales, cerca de 40 mil millones de pesos al año.
Estos datos forman parte de la investigación y deberán ser corroborados durante el proceso judicial.
la causa continúa
La Fiscalía Federal continuará reuniendo pruebas durante el plazo de investigación autorizado por la Justicia.
Entre las medidas incorporadas al expediente se encuentran los resultados de los allanamientos, documentación secuestrada, registros de trámites y comunicaciones extraídas de teléfonos celulares.
La imputación constituye una instancia inicial del proceso penal y no implica una condena. La responsabilidad de cada uno de los acusados deberá determinarse conforme avance la investigación y, eventualmente, en las instancias judiciales correspondientes.