El Ministerio Público Fiscal de Salta investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de dos monjas de clausura del Convento San Bernardo, de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta.
Así lo informó a Salta/12 el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien tomó intervención en el caso tras la denuncia de Sandra Díaz, hermana de una de estas religiosas, que recurrió a la Justicia porque las autoridades del Convento le impedían reunirse con su hermana luego de que esta le informara que estaba enferma, deprimida y que había decidido dejar el claustro. Esta monja fue liberada anteayer en un allanamiento realizado por orden de la jueza de Garantías Ada Zunino, a pedido del fiscal.
Por otro lado, Ramos Ossorio precisó que en esa misma denuncia se dio cuenta de otra religiosa, que también está con problemas de salud y a la que tampoco se le permitía abandonar el claustro en el mismo Convento. La situación de esta mujer se resolvió de otra manera porque obtuvo un permiso para ir a una clínica a atenderse y luego no regresó a la clausura.
El fiscal explicó que antes de formular una acusación formal se tomará declaración testimonial a ambas religiosas, porque ninguna de ellas denunció el hecho y la denunciante lo conoce solo a través de sus dichos. Dijo que estos testimonios se tomarán «en los próximos días», e indicó que no se llevaron a cabo todavía en atención al estado de salud y emocional de ambas.
Anteayer, al informar sobre el procedimiento en el Convento de la orden de las Carmelitas Descalzas, el Ministerio Público Fiscal de Salta subrayó que pidió el allanamiento después de que resultaran infructuosas las gestiones para llegar a un acuerdo con las autoridades del Convento, que hasta llegaron a impedir todo contacto con los familiares de la religiosa, y tampoco atendieron a policías enviados por la Fiscalía, ni a auxiliares fiscales, a los que no se les abrió la puerta siquiera para recibir una notificación.