La disputa judicial por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo clave. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez Raúl Horacio Ojeda que remita el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, y ratificó que la causa debe tramitar fuera del fuero laboral.
La resolución no solo reafirma lo dispuesto el pasado 28 de abril, sino que además da por cerrado el conflicto de competencia, dejando en claro que el caso corresponde al ámbito contencioso administrativo federal.
Orden directa y sin margen de discusión
El tribunal fue categórico al exigir la remisión inmediata del expediente, luego de advertir que el magistrado laboral aún no había cumplido con la orden previa. Con esta decisión, la Cámara marca un límite claro y busca evitar nuevas demoras en una causa de alto impacto institucional.
La medida incluye la habilitación de días y horas inhábiles, un recurso excepcional que se utiliza para garantizar el cumplimiento urgente de lo resuelto.
Cambio de fuero y giro en la estrategia
El origen del conflicto se remonta a la presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había logrado una medida cautelar en la Justicia del Trabajo suspendiendo más de 80 artículos de la reforma laboral.
Sin embargo, el Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, impulsó una estrategia para trasladar el expediente al fuero contencioso administrativo federal, argumentando que el caso involucra cuestiones de derecho público y la validez de una ley sancionada por el Congreso.
Ese planteo fue respaldado por la Cámara, que entendió que la discusión excede el marco estrictamente laboral.
Qué cambia a partir de ahora
Si se cumple la orden, la causa quedará radicada en el juzgado contencioso administrativo federal, donde se analizará la constitucionalidad de la reforma.
Este cambio redefine el escenario judicial, ya que limita la intervención del fuero laboral y modifica el marco en el que se evaluará la norma.
Lo que viene
El proceso continuará ahora en la órbita contenciosa administrativa, donde se debatirá la validez de la ley. No se descarta que el caso escale a instancias superiores, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación como posible árbitro final.
De esta manera, el Gobierno logró un avance clave en el plano procesal, trasladando la discusión a un terreno más favorable y acelerando la definición de uno de los puntos más sensibles de su agenda de reformas.