La Cámara de Diputados de Salta aprobó en su primera sesión del año el Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia. Es para registrar a progenitores, guardadores o tutores que teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes «impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos».
Si bien ya contaba con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa legislativa tendrá que volver al Senado porque hubo modificaciones en su tratamiento en Diputados, de la mano de Mónica Juárez (del bloque 8 de Octubre). En tanto, en el Senado había sido impulsado por el legislador Emiliano Durand (Compromiso por Salta).
La iniciativa despertó reacciones. La organización Madres Protectoras de Salta calificó la creación de este registro como «terrible» porque «viene a atacar y revictimizar a las infancias, esto atenta y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes y por eso estamos en total oposición y desacuerdo», advirtió Yanela Barrios, representante del espacio. Aseguró que el proyecto plantea un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SA), que tuvo su origen en Estados Unidos en 1985 y procura atacar las investigaciones de abusos sexuales a niños y niñas afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus ex maridos o ex parejas.
En septiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una declaración en la que rechazó la existencia del SAP «por carecer de validez científica y jurídica» y porque «la falaz teoría ha sido utilizada para invalidar pericias psicológicas y psiquiátricas, negar la existencia del delito de abuso de menores y desconocer la voz de los niños y de las niñas».
Barrios expresó que en esta teoría las madres son «acusadas como las obstructoras de vínculos cuando es totalmente lo contrario». En ese sentido, manifestó que la constitución de Madres Protectoras persigue precisamente el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes porque «creemos en la palabra de ellos y de ese modo es que queremos protegerlos y actuamos y trabajamos en consecuencia».
E insistió en que la iniciativa de los legisladores salteños intenta «ponernos en una posición de madres vengadoras que están buscando venganza con los otros progenitores», cuando en realidad no se está teniendo en cuenta las voces y sentires de los niños, niñas y adolescentes. Según Barrios, este escenario se viene planteando en las sentencias actuales que involucran a las infancias y adolescencias, en las que «los juzgados están revinculando (a niños y niñas víctimas) con sus agresores sexuales y violentos sin tener en cuenta el interés superior de los niños».
«La creación de este registro vendría a amparar a estos abusadores y violentos que quieren revincularse con los niños», ratificó. «Nos planteamos cómo un niño que padeció y sufrió abuso puede querer vincularse con un abusador con la familia de su abusador».
Ante ello, insistió en su rechazo a la propuesta legislativa basándose en que es fundamental que primero se tenga en cuenta el interés superior del niño, niña y adolescente, en el marco de los derechos reconocidos por la legislación nacional y tratados internacionales que son ley en el país. «No obstruimos vínculos, simplemente protegemos y creemos a los niños cuando vienen y cuentan situaciones de abusos o violencia, en la mayoría de los casos», resaltó.
Madres Protectoras se constituyó a nivel nacional, y el año pasado trabajaron de manera conjunta con la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), también presidenta de la Comisión de Mujeres Y Diversidad. A partir de allí, se ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone derogar la Ley 24.270 de impedimento de contacto, una tenaza patriarcal que desde hace tres décadas expone a las infancias a situaciones de abuso y vulneración de derechos, y judicializa a las madres que luchan por sus hijes.
Macha aseguró en septiembre del año pasado que «es importante derogar la Ley de impedimento de contacto, porque en la actualidad se la utiliza para castigar a las madres protectoras. Ellas evitan que sus hijxs estén en contacto con sus abusadores, mientras que éstos las denuncian usando esa normativa». En los fundamentos de la iniciativa se deja en claro que la aplicación de la Ley 24.270, “en lugar de aportar soluciones pacificadoras a la problemática familiar”, profundiza los conflictos hasta alcanzar muchas veces capas de una inhumanidad patriarcal aterradora.