El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709) que tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La norma fue aprobada, el 13 de abril, en el Senado de la Nación, por unanimidad. La norma es de carácter continuo, actualizable y obligatorio y alcanza a las personas que trabajen en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de la infancia.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial se debe crear, en seis meses, el Plan Federal de Capacitación en derechos de las niñas, niños y adolescentes. También se deben realizar campañas de concientización sobre la necesidad de respetar el buen trato a hijos e hijas, alumnos y alumnas y niñas y niños. Los y las docentes, médicos y trabajadoras sociales deben conocer los derechos de la infancia, denunciar si los chicos o chicas son abusados o maltratados. Las profesionales de la salud y las maestras deben ser protegidas si corren riesgos o son amenazados/as por denunciar la violencia que es ejercida contra un chico o una chica.
La protección de la infancia no puede esperar. En octubre deberían estar los contenidos de la norma para que, antes de fin de año, se inicien las capacitaciones dentro del Estado, de forma obligatoria y, en clubes y entidades culturales, de forma optativa. Los contenidos de las capacitaciones deben ser creados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
La ley se llama “Lucio” en homenaje a Lucio Dupuy, el niño, de 5 años, que fue asesinado, el 26 de noviembre de 2021, en La Pampa, por su madre, Magdalena Espósito Valenti, sentenciada por homicidio triplemente calificado y por la pareja de la madre, Abigail Páez, condenada por homicidio doblemente calificado y por abuso sexual por acceso carnal. El asesinato de Lucio impactó como un alerta del maltrato familiar frente al que las escuelas, los clubes, los vecinos, el sistema de salud y la justicia no pueden mirar para otro lado.
La norma exige que se respete la Convención por los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución, en el artículo 75 inciso 22; impone generar condiciones de convivencia con vínculos de afecto y respeto; se establece que se deben hacer campañas de buen trato en la vida cotidiana; se alienta a promover espacios para que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados en todos los procesos administrativos y judiciales; se propone que las infancias y adolescencias puedan incidir en el diseño de políticas públicas que afecten sus intereses y derechos y se debe propiciar la perspectiva de género y diversidades, conforme a los marcos normativos vigentes.
La ley implica una respuesta preventiva ante el maltrato de chicos y chicas. Intenta promover sus derechos, que se pongan en práctica las normas ya vigentes para proteger a los chicos y las chicas y que la sociedad no tolere gritos, violencias, violaciones, ni falta de contención y cuidado a las infancias. En el caso de Lucio las agresoras eran dos mujeres. Es importante que ninguna persona sea encubierta si comete violencia y que se investiguen todas las huellas, relatos o marcas de maltrato infantil.