El Tribunal de Juicio de la Sala VII, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, condenó a 17 personas —entre ellas ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria N°1 y familiares de detenidos— por integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal de Villa Las Rosas.
Las penas impuestas van desde 1 año de prisión condicional hasta 10 años y 6 meses de cumplimiento efectivo. Los funcionarios penitenciarios recibieron las condenas más altas, al comprobarse su participación activa en la comercialización de estupefacientes, exacciones ilegales y asociación ilícita.
Una red criminal dentro del penal
La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, acreditó que los acusados actuaban de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para sostener un sistema criminal con dos objetivos principales:
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La venta sistemática de drogas dentro de la cárcel, aprovechando la vulnerabilidad de los internos.
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La extorsión y cobro irregular de beneficios o privilegios, a cambio de dinero u otros favores.
Según la acusación, estas prácticas reportaban beneficios económicos directos a los imputados y se sostenían mediante un “apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente”.
Durante su alegato final, el procurador García Castiella destacó la gravedad institucional del caso, señalando que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario “derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos”, desnaturalizando la función estatal de custodia y reinserción.
Las condenas
Funcionarios penitenciarios:
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Francisco Arturo Bisceglia: 10 años y 6 meses de prisión.
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Sergio Faustino Moya: 10 años de prisión.
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José Luis Alarcón: 8 años.
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Raúl Antonio Arjona: 7 años.
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Luis Roberto Castaño: 6 años y 6 meses.
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Marcos Matías Bucotich García: 6 años.
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Rubén Antonio Guaymás: 5 años.
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Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses.
Internos y familiares:
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Manuel Méndez: 9 años y 6 meses (unificación con condena previa, total: 19 años y 6 meses).
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María Inés Méndez: 9 años.
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Héctor Gustavo Banega: 8 años.
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María Cristina Galindo: 6 años.
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Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años.
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Nicole Judith Ana Luna: 6 años (prisión domiciliaria).
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Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años.
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Baldomero Darío Córdoba: 2 años condicional.
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Andrea Abigail Alba: 1 año condicional (unificada en 8 años y 2 meses por condena anterior).
Los jueces absolvieron a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, luego de que la Fiscalía retirara la acusación.
Un caso de alto impacto institucional
El fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción penitenciaria en Salta, al exponer cómo funcionarios encargados de la custodia de internos participaron activamente en un esquema criminal que combinaba la venta de drogas, la extorsión y el abuso de poder.
El Tribunal remarcó la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro del sistema penitenciario para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.