La compañía británica Rockhopper enfrenta nuevamente las consecuencias de la controversia generada por su proyecto Sea Lion, destinado a la extracción de petróleo en las Islas Malvinas. Este lunes, sus acciones sufrieron una caída cercana al 20% tras el anuncio de que dos contratistas se retiraron del plan. Aunque la empresa reafirmó que continuará con sus planes a pesar de las sanciones impuestas por el Gobierno argentino liderado por Javier Milei, la cotización logró recuperar parte de la caída y cerró con una baja del 14%.
Esta reacción en los mercados es una continuación de la tendencia observada el jueves y viernes pasados, cuando la acción acumuló una retracción del 8,13% luego de la presentación de su informe semestral. En septiembre, mes en que Milei anunció públicamente las penalizaciones, Rockhopper ya había perdido aproximadamente un 18% de su valor en bolsa.
En un comunicado difundido hoy, Rockhopper reiteró un informe de Navitas Petroleum, su socia y operadora de Sea Lion, que detalla las consecuencias de la decisión de la empresa estadounidense Halliburton de abandonar el proyecto. Halliburton, con sede en Texas, es una de las principales proveedoras mundiales de tecnología, equipos y personal especializado para la extracción de petróleo.
El comunicado señala que, en respuesta a un informe mediático sobre la retirada de un contratista que se negaría a trabajar en Sea Lion, la empresa está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron el acuerdo, y continuará realizando los ajustes necesarios para avanzar en el proyecto. Asimismo, asegura que el desarrollo de Sea Lion continúa con el pleno respaldo del Gobierno de las Islas Malvinas y del Reino Unido.
La semana pasada, en su informe semestral a la Bolsa de Londres, Rockhopper destacó que tanto el Gobierno británico como el de las Islas Malvinas calificaron las medidas argentinas como ilegítimas y carentes de justificación jurídica. No obstante, la empresa admitió que los recientes comentarios y amenazas del Gobierno argentino hacia personas y empresas vinculadas a la industria hidrocarburífera en Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política.
Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, que se desarrolla en fases y prevé iniciar las perforaciones a comienzos de 2027. La primera etapa contempla la realización de 11 pozos con el objetivo de comenzar la producción en el primer trimestre de 2028, alcanzando un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.
Además de las sanciones implementadas por el Gobierno argentino, un fallo de la Justicia Federal de Tierra del Fuego ordenó a Rockhopper y a su socia Navitas suspender sus actividades de exploración en el área. La jueza de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar presentada por excombatientes de Malvinas, requiriendo a las empresas que detengan sus operaciones y presenten informes específicos.
La tensión política se intensificó tras la presentación, por parte de Milei, de un proyecto de ley que amplía las penalidades contra las empresas que extraen recursos naturales en las Islas Malvinas, extendiendo las sanciones a accionistas, controlantes y proveedores. Estas medidas pueden derivar en la exclusión de dichas compañías del mercado argentino por hasta 20 años.
A pesar de este contexto, Rockhopper afirmó que las recientes medidas y advertencias del Gobierno argentino generaron un aumento en la atención política y mediática, pero no detendrán el desarrollo del proyecto Sea Lion. Resaltaron que el plan sigue avanzando rumbo al inicio de producción previsto para el primer trimestre de 2028, y valoraron la decisión del gobierno de las Islas Malvinas de extender por cinco años las licencias offshore vigentes, con posibilidad de prórroga por dos años más, respaldo que cuenta con el apoyo del Gobierno británico.
La primera fase de Sea Lion ya está financiada y aprobada, incluyendo 11 pozos y el inicio de perforaciones a comienzos de 2027. Por su parte, Navitas Petroleum avanza en su expansión y en agosto ejerció una opción para adquirir un segundo buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas áreas del yacimiento. Rockhopper indicó que mantiene negociaciones para definir su contribución, correspondiente al 35% de participación, en esta nueva etapa.